La lucha por superar la agricultura industrial es a la vez una práctica, una ciencia y un movimiento. La derecha (y a veces parte de la izquierda) lo acusa de ser arcaico, anárquico y utópico. Tal vez ahí está, paradójicamente, su poder
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Por Paulo Petersen y Denis Monteiro
La agroecología se ha definido a partir de tres significados interdependientes: como una práctica, como un enfoque científico y como un movimiento social. Como práctica social, se expresa en las diversas formas en que los pueblos y comunidades campesinas, indígenas y tradicionales organizan su trabajo para la producción diversificada de alimentos y otros productos agrícolas, mediante procesos cooperativos desarrollados en estrecha interacción con la dinámica ecológica y sociocultural de los territorios en los que se enraízan. Mediante el empleo de enfoques sistémicos y participativos, la agroecología articula los conocimientos de punta de las diferentes disciplinas científicas con los conocimientos bioculturales populares. Al mismo tiempo, se presenta como una teoría crítica que formula un cuestionamiento radical de la agricultura industrial y del régimen alimentario corporativo. En su dimensión política, se organiza como un movimiento social emergente que articula a los sujetos que participan explícitamente en su construcción práctica y teórica, así como a segmentos cada vez más amplios de la sociedad que se nutren de sus ideas y experiencias a partir de su participación en las luchas por justicia social y ambiental, por la integridad ecológica de los biomas, por la salud colectiva, por la economía social y solidaria, por la igualdad entre hombres y mujeres, contra el racismo y la fobia LGBT+, y por relaciones más equilibradas entre el mundo rural y las ciudades. Sintéticamente, la agroecología se afirma por la virtuosa sinergia entre la práctica social, la teoría científica y el movimiento político, condensando en un todo indivisible su enfoque analítico, su capacidad operativa y su fuerza social transformadora.
Esta característica polifacética de la agroecología, que aprovecha y estimula la diversidad de las prácticas sociales locales para sintetizar principios de análisis de la realidad y de acción colectiva, se opone a los protocolos formalizados y a las concepciones burocráticas de mando y control propias de la lógica de la producción industrial que dominan las instituciones científicas y políticas. En cierto sentido, la dificultad que aún se encuentra para hacer que la agroecología sea entendida y asimilada como una estrategia de lucha y emancipación social surge de la peculiaridad de un proceso social emergente que combina nuevas bases epistemológicas para la producción científica con nuevas pedagogías y lenguajes para la movilización social y política, incluso en partes importantes de los partidos y movimientos de izquierda.
A este respecto, cabe recordar que el predominio del pensamiento positivista y el productivismo económico propio de las sociedades industriales no son exclusivos de la derecha. El uso de estos mismos lentes de interpretación de la realidad social compartida en ambos campos ideológicos explica en gran medida la razón por qué, aunque atractiva y seductora, la agroecología sigue siendo ampliamente asimilada como una propuesta arcaica, anárquica y utópica, por consiguiente incapaz de ofrecer respuestas eficaces a la escala necesaria para equiparar la grave crisis sistémica por la que pasa la humanidad. Irónicamente, las tres características atribuidas a la agroecología son, al menos en parte, ciertas; pero no con la carga negativa atribuida por los lentes positivistas y productivistas.
Es arcaico porque dialoga con las culturas populares tradicionales, proyectándolas hacia el futuro mediante el diálogo con el conocimiento sistematizado académicamente. La superación de la dicotomía entre lo arcaico y lo moderno es una condición para que las memorias bioculturales se revaloricen en la heterogénesis de las agriculturas del mundo. En palabras elocuentes de Fernando Pessoa, esto significa que “la verdadera novedad que perdura es la que recoge todos los hilos de la tradición y los teje haciendo un motivo que la tradición no puede tejer”.
Aunque no existen dudas científicas[MOU1] sobre la equivalencia y, en muchas situaciones, la superioridad de los niveles de productividad física obtenidos de los métodos agroecológicos por sobre los métodos agroquímicos convencionales, sigue vigente la retórica negativa como estrategia para deslegitimar la agroecología ante la opinión pública y el sistema político institucional. Un ejemplo reciente se expresó en la manifestación del Embajador de los Estados Unidos ante la FAO, Kip Tom, durante un acto promovido por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). Para el embajador, que también es el director ejecutivo de Tom Farms, uno de los mayores productores de semillas de Bayer/Monsanto, las iniciativas democráticas y científicamente autorizadas de la FAO para apoyar el programa de institucionalización de la agroecología en las políticas públicas de los países representan “un rechazo explícito de la idea de progreso”. Este episodio refleja los frecuentes conflictos de interés que se manifiestan en estos espacios institucionales, en los que se debaten y se abordan políticamente cuestiones públicas cruciales. La retórica de lo moderno contra lo arcaico continúa como un poderoso artificio discursivo para justificar el rechazo institucional de la agroecología. Como identificó agudamente Eric Holt-Gimenez, bajo esa cortina de humo narrativa se encuentran los tres “pecados de la agroecología según el capital”: prescinde de los agroquímicos, se basa en la biodiversidad local y fortalece la agricultura campesina.
Es anárquico, porque concede gran importancia a los procesos locales de auto-organización de la sociedad civil. Estos procesos se expresan en redes de múltiples interesados a nivel territorial, responsables de construir economías de reparto y defensa de los bienes comunes, asumiendo así un papel importante en la gobernanza de los sistemas alimentarios descentralizados. Sin embargo, este carácter anárquico es relativo, toda vez que no son redes organizadas desde las perspectivas de localismo defensivo y hostiles a las sobredeterminaciones derivadas de procesos de integración económica y cultural a escalas geográficas más combinadas. Se hace hincapié aquí sólo para hacer explícito el necesario contrapunto con la lógica imperial autoritaria actualmente dominante en la gobernanza mundial de la agricultura y la alimentación. En este sentido, la agroecología establece una relación de reciprocidad con la democracia. Si bien contribuye a la democratización de los sistemas alimentarios, depende de un entorno institucional democrático para que sus prácticas prosperen y se desarrollen. Por ello, la vigencia del Estado democrático y de los derechos es una condición indispensable para la creación de espacios autogestionados en los que se puedan experimentar y desarrollar las economías de proximidad, base de la economía social y solidaria.
Es utópico porque está orientado a impedir la confirmación de los futuros más probables, al militar por un devenir histórico hacia futuros deseables. No es una utopía inalcanzable anclada en proposiciones idealistas e inviables. Se trata, más bien, de reconocer el vigor de la fuerza social latente e invisible de la agricultura familiar campesina, en alianza con otros segmentos sociales interesados en asegurar una alimentación sana, condiciones ambientales equilibradas y sociedades más justas y armoniosas. Una fuerza real que proyecta futuros deseables ya en gestación en varias partes del mundo. Esta fuerza se puede activar y desarrollarse si se articula a nivel local con movimientos de consumo consciente de alimentos. Nunca está de más recordar la máxima de que “comer es un acto político”.
Caminar hacia este horizonte utópico implica la necesidad de reconocer que el camino no será iluminado por las fuerzas vanguardistas portadoras de una teoría universal revolucionaria. Las fuerzas de transformación están presentes en la miríada de prácticas sociales contrahegemónicas dirigidas a la reterritorialización de los sistemas alimentarios. A través de las redes locales de producción y suministro de alimentos, se construyen grados crecientes de autonomía en relación a los modos de producción y distribución comandados por el capital. Es en este sentido que la agroecología se presenta como una poderosa estrategia para “agrietar el capitalismo”, como propone John Holloway, para quien “la única manera de pensar en cambiar el mundo radicalmente es con una multiplicidad de movimientos intersticiales que fluyen desde lo particular”.
Para que se conviertan en realidad, los futuros deseables deben ser imaginados. Además, los caminos que nos llevarán a ellos no están dados a priori. Deben ser inventados. Esto requiere creatividad en la lucha política para que se eliminen los obstáculos institucionales y culturales que impiden el progreso en la dirección imaginada. Brasil tiene una amplia experiencia en la esfera de la agroecología. La grave crisis actual es el momento de rescatar las lecciones aprendidas de esta experiencia para inspirar esta invención colectiva.
Rescate de un legado político e institucional reciente
Brasil se destaca en todo el mundo por ser el primer país que reconoce la agroecología en una política nacional, la Política Nacional de Agroecología y Producción Orgánica (PNAPO), establecida en 2012. No viene al caso detallar la larga trayectoria de acumulación de fuerzas en la sociedad civil para que este logro haya sido posible. Sólo cabe destacar que el surgimiento, la difusión y la afirmación pública de la agroecología en el país coincidió con el período de conquistas democráticas inaugurado en la década de 1980, tras dos décadas de dictadura militar, cuando se impuso a la sociedad brasileña el proyecto de la Revolución Verde. Se trata de una trayectoria sincrónica a la de otros países latinoamericanos, cuyos procesos históricos también se vieron influidos negativamente por la Revolución Verde, un proyecto político-ideológico autoritario impuesto en toda la región en clara respuesta a los llamados “riesgos” de difusión de la “Revolución Roja”, en aquel momento ya experimentados en Cuba.
Aunque el surgimiento de la agroecología en Brasil como proceso social contrahegemónico haya sido impulsado por una variedad de antecedentes sociales y geográficos, hay dos aspectos determinantes que canalizaron los procesos de movilización y convergieron en la formación, respectivamente, de la Articulación Nacional de Agroecología (ANA) y la Asociación Brasileña de Agroecología (ABA-Agroecologia). El primero, estrechamente relacionado con la histórica lucha campesina y de los pueblos y comunidades tradicionales por la reforma agraria, el derecho a los territorios tradicionales, la emancipación económica y el reconocimiento de los derechos, moviliza los movimientos sociales del campo, las aguas, los bosques y las ciudades, además de las organizaciones de asesoramiento, en particular las ONG. El segundo, relacionado con el pensamiento social y ambiental crítico en el universo científico-académico, implica el compromiso de educadores/as, investigadores/as, extensionistas y estudiantes.
Ambas organizaciones han ganado cuerpo y capacidad de expresión pública a partir de procesos graduales de acercamiento y reconocimiento mutuo entre distintos sujetos colectivos portadores de una crítica radical a la agroindustria y a otros megaproyectos económicos que perturban los medios y formas de vida del diverso mundo campesino y de pueblos tradicionales e indígenas. La identidad colectiva en torno a la agroecología también se ha amalgamado mediante la afirmación de modelos alternativos de organización social, técnica y económica del mundo rural y de los sistemas alimentarios. En el corazón de este proceso de lucha social, en un momento de resistencia y afirmación de alternativas al capitalismo agrario, la agroecología se ha incorporado como referencia teórica para la descripción, el análisis y la identificación mutua de experiencias sociales contra-hegemónicas.
La acción convergente de ANA y ABA-Agroecología ha sido determinante para la acumulación de fuerzas y para la expresión pública cohesionada de los movimientos y organizaciones sociales que luchan diariamente en las realidades heterogéneas de los territorios, donde efectivamente la agroecología se expresa como fuerza material y como foco de reubicación de los sistemas alimentarios.
Cabe destacar en esta trayectoria la coyuntura particularmente favorable desde 2003, cuando el gobierno de Lula tomó la lucha contra el hambre como una prioridad política. El establecimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que estableció un proceso de gobernanza intersectorial con la participación activa de la sociedad civil, fue decisivo para la creación de una nueva generación de políticas públicas centradas en la agricultura y la alimentación. Este proceso se inspiró y aprendió de experiencias anteriores en el ámbito agroecológico, muchas de las cuales fueron posibles gracias a las asociaciones de organizaciones y movimientos sociales con los gobiernos municipales y estatales y los organismos del gobierno federal.
A pesar de la reafirmación de la hegemonía política e ideológica del agronegocio bajo los gobiernos del Partido de los Trabajadores, restringiendo los avances en este campo alternativo a un pequeño nicho de innovación institucional, es necesario recuperar algunas lecciones de ese período en un momento en que el hambre y la miseria vuelven a ocupar un lugar destacado en la agenda política nacional.
Es importante reiterar que la pandemia de coronavirus no es responsable de esta regresión histórica que lleva a Brasil de vuelta al mapa del hambre de las Naciones Unidas. Se trata de un problema estructural cuya raíz se encuentra en el sistema económico que genera desigualdades sociales abismales. Desde el golpe de Estado de 2016, y especialmente desde enero de 2019, esta realidad se ha visto agravada por el aumento de los índices de pobreza como consecuencia de la imposición de la ortodoxia neoliberal a la gestión gubernamental, lo que implica incluso el desmantelamiento de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional.
Desconociendo las medidas tomadas en medio de la pandemia por líderes políticos de otros países, las fuerzas reaccionarias que controlan el poder estatal en Brasil aprovechan la situación para intentar llevar a cabo su agenda regresiva. Mientras el Ministro de Economía reclamaba la necesidad de reformas para reducir el tamaño del Estado, la Cámara de Diputados aprobaba el Permiso de Trabajo Verde-Amarillo, desprotegiendo aún más el trabajo a favor del capital, y los gobernadores renovaron la exención de impuestos para los agroquímicos.
Además de denunciar la orientación cobarde y criminal que han tomado los mandatarios de turno, corresponde ahora a las fuerzas democráticas luchar por la aplicación de medidas públicas capaces de responder al drama humanitario del hambre con la urgencia que la situación exige. Si no se adoptan estas medidas, la ayuda de emergencia de 600 reales dirigida a las personas en situaciones de mayor vulnerabilidad económica, conseguida con tanto esfuerzo y liberada de manera lenta e insuficiente, se gastará en la compra de alimentos de pésima calidad. Además de comprometer la salud individual en un momento donde el sistema inmunológico de las personas debe ser fortalecido, los miles de millones de reales gastados en este sentido favorecerán (una vez más) a los intereses económicos de los imperios alimentarios, cuando podrían desempeñar el papel de generadores de efectos multiplicadores en las economías dinamizadas por millones de pequeños productores y distribuidores de alimentos saludables articulados en redes locales en todo el país.
Al fomentar el aumento del consumo de alimentos ultra-procesados, las iniciativas gubernamentales anunciadas hasta ahora comprometerán la producción y distribución de alimentos saludables, contribuyendo a inflar su precio. En esta línea de pensamiento se concluye que la economía de los alimentos ultra-procesados, ahora reforzada por las medidas de lucha contra los efectos de la pandemia, funciona como un eslabón articulador de un círculo vicioso formado por la concentración de ingresos, la destrucción de empleos, el empobrecimiento, el hambre y los problemas de salud. La esencia de esta lógica perversa de acumulación, que conecta alimentos de mala calidad, relativamente baratos para los consumidores y altamente rentables para los grandes complejos monopolísticos, radica en el control que éstos ejercen en las etapas finales de las cadenas productivas, precisamente donde se obtienen las mayores ganancias.
Las medidas de emergencia de carácter estructural deben estar destinadas a interrumpir esos ciclos regresivos para que se estimulen los círculos virtuosos asociando la distribución de los ingresos con la promoción de la salud, la dinamización de las economías sociales y solidarias y la generación de empleos. En lugar de la apropiación masiva del valor añadido por parte de los propietarios del capital, la riqueza social se repartiría equitativamente entre millones de pequeños agentes económicos que, con su trabajo, estructuran cadenas alimentarias territorialmente descentralizadas.
Este cambio de perspectiva no deja dudas sobre el camino a seguir: por un lado, eliminar la promoción pública de la producción y el consumo de alimentos ultra-procesados; por otro, estimular la producción y el consumo de alimentos saludables. A fin de ser efectiva inmediatamente y crear las condiciones para hacer frente a la crisis de empobrecimiento asociada a la inseguridad alimentaria y nutricional que tenderá a extenderse mucho tiempo después de la pandemia, una estrategia en este sentido implica necesariamente la creación de una demanda de producción de la agricultura familiar. Además de ser capaz de reaccionar rápidamente a los estímulos económicos en este sentido, la agricultura familiar campesina, como ya se ha argumentado, es portadora de una racionalidad económica que induce la generación de múltiples efectos sociales, culturales y ecológicos necesarios para afrontar y superar la crisis estructural que preocupa e involucra a toda la sociedad.
La creación de un espacio físico, ideológico, político y económico para que la agricultura familiar campesina desarrolle su potencial multifuncional requiere la aplicación de un conjunto integrado de medidas estructurantes de carácter público, empezando por el cumplimiento de la disposición constitucional actualmente amenazada de la función social y ambiental de la tierra. En los últimos años se han elaborado muchas formulaciones críticas y propuestas coherentes con la perspectiva agroecológica en este sentido, lo que ha dado lugar a amplios debates y consultas en los que ha participado la sociedad civil organizada. Destacamos dos de ellas: la carta de la 5ª Conferencia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de 2015, cuyo lema era “Alimentos de verdad en el campo y la ciudad”; y la carta del IV Encuentro Nacional de Agroecología, de 2018, cuyo lema era “Agroecología y democracia: uniendo el campo y la ciudad”.
A pesar de que la realidad agraria, agrícola y alimentaria se ha deteriorado intensamente en Brasil desde el lanzamiento de estos documentos, la esencia de las propuestas presentadas en ellos sigue estando vigente como horizonte de la lucha social. El avance en transformaciones estructurales como las que defiende la sociedad civil requiere un largo proceso de acumulación de fuerzas. En este momento de crisis, en el que la correlación de fuerzas en la sociedad y en la esfera político-institucional es desfavorable para avanzar en esta agenda, implica la implementación de acciones concretas, política y económicamente viables, que respondan a las necesidades urgentes de los sectores socialmente más vulnerables de la población, y que contribuyan a impulsar redes territorializadas de economía solidaria. Este es el desafío que debe ser asumido inmediatamente por la izquierda democrática.
Como emergencia, las acciones públicas deben centrarse en el acceso a alimentos saludables para las poblaciones más vulnerables, entre las que destacan las personas en situación de calle, los habitantes de los barrios marginales, las comunidades quilombolas[1] e indígenas y los residentes de las periferias urbanas. Justamente en el enfoque ya asumido por la sociedad civil de las iniciativas de solidaridad que se multiplican en todo el país. En este momento, más que nunca, la función del Estado debe ser reconocer y fortalecer la capacidad de las organizaciones civiles para movilizarse en solidaridad con los más vulnerables.
El significado político de la propuesta de la Articulación Nacional de Agroecología
La reanudación inmediata del Programa de Adquisición de Alimentos para la Agricultura Familiar (PAA) propuesto por la Articulación Nacional de Agroecología al inicio de la cuarentena, tenía por objeto fortalecer las redes de solidaridad activadas rápidamente por la sociedad civil en todo el país a fin de garantizar el acceso a alimentos sanos para los sectores más afectados por los efectos de la pandemia. El PAA es uno de los instrumentos diseñados a partir de 2003 como parte de la estrategia del gobierno para superar el hambre y la inseguridad alimentaria en Brasil.
A partir de la amplia y activa participación de las organizaciones de la sociedad civil reunidas en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea), el PAA inspiró la creación de acuerdos intersectoriales capaces de superar la fragmentación institucional del Estado, uno de los mayores obstáculos para la internalización de la perspectiva agroecológica en las políticas públicas. Mediante la compra de alimentos producidos por la agricultura familiar y dirigidos a sectores de la población socialmente vulnerables, el programa promovió efectos sinérgicos entre segmentos de la estructura funcional del Estado que tradicionalmente funcionaban de manera autárquica: promoción económica (garantía de compra y precios mínimos para la agricultura familiar), protección social (asistencia alimentaria a poblaciones vulnerables), conservación del medio ambiente (recuperación de la biodiversidad, fomento de la diversificación productiva) y revalorización cultural (reafirmación de las identidades, productos y hábitos alimentarios regionales y de la autoestima). Además, uno de los aspectos que distingue al PAA de las anteriores políticas de producción y suministro de alimentos es la inversión en el potencial productivo del sector más empobrecido de la agricultura familiar, que erróneamente se denomina “agricultura de subsistencia”, generalmente asumida por el Estado exclusivamente como público beneficiario de políticas asistenciales.
Con el recurso presupuestario originado de una única fuente, el programa pudo imprimir simbiosis entre los diferentes frentes administrativos del Estado. De esta manera, ha demostrado una alta eficiencia fiscal en el uso de los recursos públicos y ha contribuido a la promoción de procesos virtuosos de desarrollo rural al fomentar la creación de vínculos directos entre la producción y el consumo de alimentos. También, al contribuir al aumento y mayor apropiación del valor agregado por parte de las familias agricultoras, además de revalorizar las prácticas y expresiones culturales vinculadas al uso social de la biodiversidad.
Al apoyar la construcción de canales de comercialización cortos, el PAA también fomenta la diversificación productiva de los establecimientos de agricultura familiares, elemento central de toda estrategia técnica de base agroecológica. Gracias a este doble efecto positivo, el PAA ha permitido aumentar los ingresos de las familias agricultoras sin que éstas se vean sometidas a relaciones de dependencia técnica y económica de los complejos agroindustriales y financieros.
El PAA fue una de las políticas públicas que sufrió severos recortes presupuestarios en los últimos 8 años. En el auge de su aplicación, en 2012, el programa destinó unos 850 millones de reales a la compra de casi 300.000 toneladas de 380 tipos diferentes de alimentos producidos por 185.000 agricultores/as familiares, lo que benefició a 24.000 entidades de asistencia alimentaria. Incluso este volumen relativamente pequeño de recursos, pero de alto valor demostrativo en sus resultados, se vio fuertemente erosionado por las políticas socialmente regresivas del actual gobierno. El presupuesto para 2020 se limitó a 186 millones de reales, de los cuales 66 millones de reales eran contingentes al comienzo de la cuarentena.
La ANA reclama el destino inmediato de 1.000 millones de reales, un recurso suficiente para la adquisición de 300 mil toneladas de alimentos. Esta cantidad sería suficiente para abastecer a 11 millones de personas con frutas, verduras y hortalizas durante más de 60 días, asegurando el consumo diario per cápita de 400 gramos de estos alimentos, como recomienda la Organización Mundial de la Salud.
Sabemos que en situaciones de crisis graves como la que estamos viviendo actualmente, los más pobres se ven obligados a dar prioridad a los escasos recursos financieros que llegan a sus manos para comprar el “grueso” de los alimentos, es decir, arroz, frijoles, azúcar, pasta y otros. Por lo tanto, el PAA puede desempeñar un papel decisivo para asegurar una nutrición más equilibrada. Esto es especialmente relevante en un país en el que prácticamente no existen campañas públicas para promover una alimentación sana y adecuada y en el que la publicidad de los alimentos ultraprocesados es difundida diariamente durante horas y horas por los medios de comunicación masivos.
Además de asegurar el acceso prioritario a alimentos sanos para los más necesitados, la reanudación del PAA contribuiría directamente a fortalecer la economía de miles de agricultores y agricultoras familiares. La interrupción de los canales de comercialización por el cierre de cafeterías y restaurantes, la suspensión de las ferias libres o las restricciones a la circulación de personas y vehículos en algunos estados y municipios, hace que se pierda una producción esencial en este momento.
Los recursos asignados a la agricultura familiar a través del PAA se reinvertirán en la producción, lo que generará efectos multiplicadores en las economías locales. El instrumento debe entenderse también como una política de desarrollo territorial que estimula la economía mediante la generación de trabajo e ingresos en actividades esenciales para la promoción de la seguridad alimentaria y nutricional y la salud de la población. Por esta razón, la propuesta de la sociedad civil prevé un aumento del presupuesto del programa a 3.000 millones de reales para finales de 2021.
La reciente movilización de la sociedad civil para la reanudación inmediata del PAA alcanzó su primer éxito con el anuncio de la Medida Provisoria 957 el 27 de abril, que destinó 500 millones de reales del presupuesto federal para el programa. Aunque es menor que la cantidad demandada y con un retraso importante, este logro demuestra la capacidad de la sociedad civil para proponer y tener un impacto político frente a un gobierno que se mantiene de espaldas a las necesidades del pueblo.
La propuesta de la ANA debe entenderse en el contexto de una estrategia pública destinada a generar demanda de alimentos producidos por la agricultura familiar. Dicha estrategia debe combinar un conjunto integrado de políticas y programas, que impliquen compras públicas, incentivos fiscales, créditos, restaurantes populares, campañas educativas, entre otros instrumentos gubernamentales de intervención en los mercados. La reanudación de los espacios de gobernanza participativa en los diversos niveles de la Nación es una condición importante para garantizar la perspectiva intersectorial de la estrategia, así como su cogestión con la sociedad civil.
Por su relevancia en términos de cobertura social y presupuesto asignado, el Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) es uno de los instrumentos clave de esta estrategia. Es esencial que la más amplia movilización de la sociedad le cobre a los gobiernos estaduales y municipales que siguen asignando los recursos del PNAE a la compra de alimentos directamente de la agricultura familiar, como se prevé en la nueva ley del programa, de 2009. Incluso con las actividades escolares suspendidas en el contexto de la pandemia, es posible mantener el suministro de alimentos de calidad a los estudiantes de la red pública, como han demostrado algunos gobiernos estaduales y municipios en alianza con organizaciones de agricultura familiar.
Las luchas contrahegemónicas han dado lugar a importantes logros, como los asentamientos de la reforma agraria y el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades tradicionales. Estas luchas también han dado lugar a los programas de coexistencia con la región semiárida, con la construcción de millones de cisternas y otras infraestructuras para la captación y el almacenamiento de agua en las comunidades rurales que celebran las buenas lluvias, el agua ahorrada y la promesa de cosechas abundantes. Fueron las luchas por la democracia las que hicieron posible que millones de familias campesinas siguieran produciendo los alimentos verdaderos, que llegan a los más necesitados a través de las más variadas iniciativas de solidaridad. Es en los momentos históricos más dramáticos cuando se hace más visible la importancia del lugar ocupado y el papel desempeñado por la agricultura familiar campesina en el desarrollo social y se requiere su reconocimiento simultáneo como agente histórico y como valor social.
El coronavirus ha apurado el ritmo de la historia y el futuro es imponderable. Pero nunca está demás recordar que la historia se escribe a través de las luchas sociales. La prevención del colapso anunciado requiere un reencuentro de la humanidad consigo misma y con sus fuentes vitales. La agroecología señala el camino para que la economía se arraigue en los valores de la solidaridad humana y la reciprocidad con la naturaleza. Al proporcionar directrices para el desarrollo de instituciones reguladoras de sistemas alimentarios sanos, justos y sostenibles, funcionaría como un antídoto desencadenado localmente contra la necropolítica impuesta mundialmente por los imperios alimentarios.
Crear las condiciones para que las promesas de la agroecología se conviertan en realidad es, ante todo, un desafío político. Frente a la poderosa resistencia del régimen alimentario corporativo, este desafío sólo se superará si es asumido por amplias mayorías sociales en detrimento de los intereses de una minoría depredadora y parasitaria. Corresponde a las fuerzas democráticas organizadas de la sociedad actualizarse en las narrativas y métodos de movilización para que se articulen las demandas de los diferentes segmentos sociales e identidades activas en la militancia en defensa de la democracia. Más que nunca, la crisis del coronavirus muestra que la sana alimentación, una vital necesidad diaria del pueblo, se presenta como un poderoso vínculo entre estas demandas.
[1] Nota de traducción: Quilombolas es el término que denomina a las personas afrodescendientes que habitan los quilombos. Si bien su significado remite históricamente a los movimientos de emancipación y liberación ocurridos por varios siglos en distintos países tras la esclavitud en América, contemporáneamente en Brasil designa a la autoidentificación de las personas descendientes de estos pueblos, a sus comunidades rurales, suburbanas y urbanas caracterizadas por la agricultura, a los movimientos políticos y territoriales detrás de su defensa e integración y a las manifestaciones culturales que tienen un fuerte vínculo con el pasado africano. Fuente: Wikipedia